Las entidades financieras y los Bancos han cambiado su discurso de manera radical en los últimos meses. Las tensiones de los tests de estrés, el brusco descenso de sus resultados, los procesos de concentración en los que se encuentran, y la presión por la falta de liquidez de la que la mayoría de ellos adolece, les ha llevado a adoptar aptitudes de prepotencia que chocan, en ocasiones, con las propias normas de autonomía de la voluntad.
Esta mañana he asistido atónito a una operación de refinanciación en que una entidad, Bankinter, pretendía decidir cuál es el precio por el que se debe transmitir un inmueble entre dos partes, amenazando con no firmar la operación si no se fijaba el precio por ellos estipulado; a que era la entidad quien quería fijar el impuesto a pagar; a que la concesión del capital prestado estuviera condicionado a la suscripción de un seguro totalmente ajeno al negocio (ni de incendios, ni de responsabilidad civil, ni de vida-amortización); a que se retuviese el sobrante de la operación para el pago de posibles impagos del prestatario, y además a tener que escuchar que la opción sólo beneficia al referido prestatario. Sin olvidar el abuso consistente en estar obligado a pasar por la tramitación de la entidad, y desconocer lo que se va a firmar hasta el mismo momento de la firma porque la entidad no remite borrador alguno al cliente para su examen.
Es un lástima que la situación sea la que es, porque a todos perjudica, pero es irresponsable pensar que con estas actitudes se va a ayudar a mejorar la imagen de las entidades financieras. Traspasan, en mi opinión, el límite de la autonomía de la voluntad, y establecen, como hasta ahora, condiciones abusivas en una relación bilateral que debía ser equilibrada y no deja de ser un abuso desemesurado de las fuerzas de uno frente al otro. Evidentemente, la operación no se ha firmado.
